14 de junio de 2011

La propiedad de la tierra en Guatemala

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Si tuviésemos que describir las paradojas de un sistema alimentario global roto, difícilmente encontraríamos un ejemplo mejor que Guatemala. Este país centroamericano, que puntúa alto en la lista de potencias agrarias (quinto exportador mundial de café y azúcar), destaca más todavía como campeona regional de la inseguridad alimentaria: uno de cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, una cifra que se eleva al 70% cuando se trata de menores indígenas.
¿Cómo es posible que un país con un verdadero filón de recursos naturales padezca niveles tan insoportables de pobreza e inseguridad alimentaria? La respuesta no es técnica, se lo aseguro. Las tierras tienen rendimientos altos y el país cuenta con los recursos productivos necesarios. El problema es que estos recursos –empezando por la tierra- están obscenamente concentrados en las manos de unos pocos. A pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una Ley nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala conserva un régimen feudal de reparto de la tierra (el 8% de los propietarios concentran el 80% de las tierras productivas), lo cual explica que buena parte de la pobreza extrema se concentre en zonas rurales, donde los productores pobres también son consumidors pobres (ver gráfico).
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Las élites económicas han influido en las políticas gubernamentales para garantizar modelos agrarios orientados exclusivamente a la exportacióny a las grandes explotaciones. Mientras tanto, los campesinos han pendulado entre el desinterés del sector público y la hostilidad de las grandes compañías, dispuestas a impulsar acuerdos comerciales como el CAFTA, que dejaban a la mayoría a merced de la competencia desleal estadounidense a cambio de garantizar cuotas de exportación.
Pero, a menudo, las diferencias en Guatemala son algo más que retóricas. Hace pocas semanas supimos por los medios de comunicació de Guatemala de un grupo numeroso de familias desalojadas de forma violenta en el Valle de Polochic, donde perdieron tierras, viviendas y la posibilidad de recoger la cosecha de maíz y frijol que garantizaría su subsistencia.
El caso de los campesinos de Pocholic no es una excepción, pero tampoco lo son las numerosas historias de lucha y dignidad en las que las comunidades pobres buscan corregir desigualdades atávicas. Madre Tierra, por ejemplo, es una organización de mujeres campesinas que huyeron a México durante la guerra y retornaron con los Acuerdos de Paz. Su líder, Raquel Vásquez, relataba hace poco las dificultades del retorno, cuando el Estado les concedió a crédito algunas tierras. La primera batalla fue lograr que las mujeres tuviesen derecho a ser cotitulares de estas tierras, junto con sus maridos; después llegaron jornadas interminables para garantizar el rendimiento de sus explotaciones y la producción que alimentase a sus familias.
A diferencia de lo que opinan muchos, la agricultura familiar ycampesina puede cumplir los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y equidad que requiere el sistema alimentario del futuro. Pero para eso es necesario que juegue en igualdad de condiciones con otros sectores, obteniendo del Estado el apoyo legal y económico que necesita cualquier sector estratégico.
Con un presupuesto de poco más de 600 millones de quetzales (unos 54 millones de euros), el Ministerio de Agricultura guatemalteco es incapaz de hacer frente al problema nacional de inseguridad alimentaria. Para que se hagan una idea, los agricultores españoles reciben solo en subsidios una cantidad 100 veces mayor que esa. Por eso muchas organizaciones campesinas, junto con otros actores de la sociedad civil, exigen desde hace años que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice el derecho de los guatemaltecos a la alimentación. Ese es el propósito de la Ley de Desarrollo Rural Integral que han propuesto y que considera, entre otras medidas, la creación de un sistema nacional reservas alimentarias que permitiría hacer frente a las hambrunas y moderar los repuntes de precios. 
El caso de Guatemala demuestra que este problema no solo es africano y no siempre encuentra sus culpables en el extranjero. Las comunidades campesinas y las organizaciones que les apoyan, como Oxfam, han logrado situar este drama en la agenda nacional. Del compromiso del Estado y de sus instituciones va a depender que los próximos años pasen a la historia como el momento en el que Guatemala acabó con el hambre.
Fuente: www.elpais.es
MARTÍN MARTÍN, V.O. (2007): “El papel del campesinado en la transformación del mundo actual”.

GUATEMALA
PERÍODO: CAPITALISMO TRIUNFANTE Y/O PERÍODO PRE-REFORMA
Sistema español de hacienda o encomienda

"Antes de la reforma, el 2,1% de las explotaciones controlaba el 72,3% de la tierra (descendentes de españoles y grandes compañías extranjeras que habían mantenido el sistema de colonato) con la población indígena. 22 terratenientes tenían más de 20 caballerías (1 caballería = 54,5 has) cada uno, mientras la población rural, que eran casi 2 millones, no tenían ni una parcela. Como su posesión era insuficiente para el sostén de su familia tenían que rentar tierras, el pago era un porcentaje alto de su producción o trabajo gratuito en las tierras del dueño. Los asalariados agrícolas se les pagaba en especie o en “señas” canjeables únicamente en la finca del patrón, además del maltrato físico, castigos, encierros en calabozos, despidos sin pago ni liquidación, entre otras cosas.

PROFUNDIZACIÓN DEL CAPITALISMO BUROCRÁTICO (1945-1980)
-1952: Reforma agraria de 1952. se decretó que el arrendamiento se pagaría con el 5% de la cosecha. Las tierras inutilizadas serían expropiadas, nacionalizadas y entregadas a campesinos pobres y trabajadores agrícolas en usufructo vitalicio o arrendamiento entre 5 y 25 años, los fondos serían para la posterior indemnización a los antiguos propietarios y para comprar maquinaria que se proporcionaría a los campesinos para trabajar. Las tierras expropiadas serían nada más las desaprovechadas y los dueños recibirían indemnización al precio declarado poco antes por los mismos propietarios. Se entregaría en propiedad un mínimo de 436 metros cuadrados por familia y se reservaría espacio para calles, avenidas, plaza pública, parque, campos deportivos, mercado y templo en cada caserío (más de 14 familias).

Resultados: Hasta el 30 de abril de 1954 se había repartido el 57,4% de las tierras ociosas, con esto se abarataron los productos y se tecnificó la agricultura. El proceso de reforma finaliza con el golpe de Estado de 1954, perdiéndose así los logros conseguidos por la reforma agraria de 1952".

CONCLUSIÓN PERSONAL
La situación ha empeorado con respecto a los datos ofrecidos por el profesor Martín Martín, hecho contrastado en la noticia publicada hoy en el diario El País. En el año 2007 el profesor del Departamento de Geografía de la ULL estimaba lo siguiente:

Antes de la reforma agraria:
El 2,1% de las explotaciones controlaba el 72,3% de la tierra

Reforma agraria de 1952:
Reparto del 57,4% de las tierras “ociosas”

Hoy día, tras los datos del diario El País:
El 8% de los propietarios controla el 80% de las tierras

Conclusión:
Con respecto a antes de la reforma agraria, ha aumentado el número de propietarios en posesión de tierras, pero el dato sigue siendo terriblemente esclarecedor. El 92% de la población no posee sino el 20% de las tierras. Y si investigáramos estos datos incluso podríamos comprobar que es peor de lo que parecen sostener los datos.





1 comentario:

  1. sssiiiii deberían hacer algo las autoridades

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